Ayotzinapa: el caso finalmente resuelto

Esa noche el plan parecía sencillo. Un grupo de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa se dirigiría a Iguala, Guerrero, para abordar un autobús rumbo a la Ciudad de México; participarían en la marcha para conmemorar el 2 de octubre de 1968, uno de los hechos históricos que más tensión causan en el país. Sin embargo, el vehículo no llegaría a su destino y los estudiantes desaparecerían sin dejar rastro.

El entonces presidente, Enrique Peña Nieto, cuya bienvenida fue la protesta estudiantil “Yo soy 132”, mandó la orden para que se abriera la investigación sobre el caso Ayotzinapa, que duró tan sólo unos meses.

Foto: Cuartoscuro

La mentira histórica

El 28 de enero de 2015, el entonces titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, salió a contar la “verdad histórica” en una conferencia de prensa: los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario, quien también aseveró que no existía una prueba que involucrara al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

El país se paralizó. Tanto las familias de los normalistas como activistas por los derechos humanos se negaban a aceptar que ese había sido el destino de los 43 normalistas. Por esto, cada año se citaban para ocupar el espacio público y gritar sus nombres hasta quedar sin voz, para que nadie los olvidara. Marchaban con consignas como “Ni perdón, ni olvido”, “Nos faltan 43” y “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”; frases que quedarían tatuadas en la memoria colectiva de México.

Cuatro años después de lo sucedido, la ciudadanía le arrebataría el gobierno al PRI y se la daría, con una votación histórica, a Morena, con Andrés Manuel López Obrador como candidato.

Dentro de sus primeros pendientes como presidente, López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, cuya función sería esclarecer e impartir justicia en torno a la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

"Con la firma de este decreto comenzamos con el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue el compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar para la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro", dijo el mandatario.

Sin embargo, fue hasta el 15 de enero de 2019 cuando se instaló dicha comisión, dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas: “Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y eso haremos”, declaró Encinas.

Tras meses de investigación sin resultados, el Ejecutivo federal ofreció una recompensa de un millón 500 mil pesos para aquella persona que proporcionara información sobre el paradero de los estudiantes normalistas.

Una luz de esperanza entre tanta oscuridad envolvía a todas las personas que aún luchaban por encontrar vivos a los estudiantes. Y, por primera vez en la historia de las desapariciones forzadas, las autoridades parecían estar de su lado.

Corte de cabezas

En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante un juez 46 órdenes de aprehensión contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, quienes fueron señalados por el delito de desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, informó el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Entre ellas, destacaba la orden de captura de Tomás Zerón, ex funcionario en temas de seguridad pública en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, quien había huído del país y contaba con una ficha roja de la Interpol para su localización y extradición.

Años más tarde, Zerón sí fue detenido, acusado por la FGR como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

Colapso de la verdad histórica

El 16 de septiembre de 2020, Alejandro Encinas afirmó que la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa se había colapsado. En la presentación de los avances en el caso, destacó la colaboración de todas las dependencias federales, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que había entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos, y órdenes de operación, entre otras.

Transcurrió un año hasta que se volvieran a presentar avances contundentes del caso. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó que los restos óseos de los normalistas hallados en Cocula tenían marcas por estar más de seis años a la intemperie, lo que ocasionó que algunos de éstos ya no pudiesen ser analizados. Todo indicaba que la justicia remaba contra corriente.

En octubre, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa publicó dos conversaciones donde se revelaba cómo autoridades de la policía municipal de Iguala, Guerrero, entregaron a los normalistas al jefe de la organización criminal Guerreros Unidos, Gilberto López Astudillo, alias El Gil, durante la noche del 26 se septiembre de 2014. Una vez más, funcionarios públicos estaban envueltos en un caso de desaparición forzada.

“Ya sabemos lo que pasó”: AMLO

En junio de 2022, casi ocho años después de lo ocurrido en la noche de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación del caso Ayotzinapa quedaría resuelta pronto porque ya sabían lo que había pasado.

"Acerca de Ayotzinapa... Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque recuerden que es un proceso judicial, pero ya tenemos mucho avance... Este año va a quedar", dijo durante una de sus conferencias matutinas.

A finales de agosto, se dijo desde el gobierno federal lo que familiares, activistas, periodistas y hasta funcionarios públicos sabían: lo ocurrido aquella noche en Guerrero fue un crimen de Estado.

El subsecretario Alejandro Encinas presentó el informe que lo confirmaba. Además, afirmó un hecho tan doloroso como cierto: no había indicios de que los normalistas siguieran con vida, pues todas las evidencias acreditaban que fueron asesinados y no estuvieron juntos tras su desaparición.

Un día después de publicado el informe, ocurrió la detención de Jesús Murilo Karam, ex titular de la PGR, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Este 26 de septiembre de 2022 la marcha para conmemorar esa noche en Iguala ya no estará llena de gritos de impotencia ni de coraje, sino de tristeza. La esperanza de localizar a los normalistas con vida fue debilitándose con el paso de los años. Incluso algunos familiares fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, como Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno y Tomás Ramírez Jiménez.

No obstante, los que se quedan, resisten y luchan porque esa historia no se repita, porque nadie viva en carne propia lo que ellos, durante ocho años, vivieron. Y el país los acompaña en su encomienda.